Los incendios en Córdoba continúan siendo una preocupación seria, con 700 bomberos desplegados este lunes para combatir cuatro focos activos en diferentes puntos de la provincia. Entre las zonas más afectadas se encuentran el norte del Valle de Punilla, donde las llamas avanzan hacia San Marcos Sierras, y Villa Berna en el Valle de Calamuchita, que aunque está parcialmente controlada, aún presenta actividad ígnea. En Chancaní y las Sierras Chicas, cerca de La Granja, también persisten los incendios.

El gobernador Martín Llaryora informó a través de sus redes sociales sobre los esfuerzos coordinados para contener el avance del fuego. Según sus declaraciones, siete aviones hidrantes y seis helicópteros apoyan la labor de los bomberos, junto con ayuda de brigadistas y aeronaves provenientes de Buenos Aires, Santiago del Estero y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Hasta el momento, se han detenido a dos personas bajo sospecha de haber iniciado los incendios, y el gobernador ha instado a la justicia a actuar con rapidez para asegurar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. Llaryora también aseguró que los daños provocados serán atendidos mediante el Fondo Permanente para Atención de Desastres, que fue elevado a 5000 millones de pesos para garantizar la recuperación de las áreas afectadas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego ha enviado brigadistas y equipos especializados a las zonas de mayor riesgo. En Villa Berna, se desplegaron siete combatientes junto con dos helicópteros y un avión hidrante, mientras que en Capilla del Monte y Chancaní se ha enviado más personal y equipos para controlar la situación.

Dos detenidos bajo sospecha de provocar los incendios

Este lunes, la fiscal Paula Kelm confirmó la detención de dos personas sospechadas de haber iniciado los incendios en el norte de Punilla la semana pasada. Los detenidos, de 31 y 19 años, están sindicados como presuntos responsables de gran parte de los incendios que han afectado la región. Kelm afirmó que, según la evidencia recolectada hasta el momento, «estamos en presencia de incendios intencionales». Esto significa que no se trataría de un accidente o imprudencia, sino de actos deliberados.

En cuanto a las posibles penas, Kelm explicó que la condena podría oscilar entre tres y diez años de prisión, dependiendo de las consecuencias que se descubran con el tiempo. Sin embargo, si se agravan las circunstancias, las penas podrían llegar hasta los 15 años. La fiscal recalcó que estos individuos incendiaron «a propósito», subrayando la gravedad del acto.

( La Nacion y La Voz )