El Gobierno lanza un llamado a 10 mil empleados públicos para iniciar su jubilación.
El Gobierno nacional ha anunciado que intimará a 10 mil empleados públicos para que inicien sus trámites jubilatorios. Esta medida, enmarcada en la resolución 3/2024, busca reestructurar la administración estatal y está dirigida a aquellos trabajadores de planta permanente que cumplan con los requisitos para acceder al sistema previsional.
Según fuentes oficiales, la resolución fue publicada en el Boletín Oficial y estipula que los titulares de las distintas carteras tienen un plazo de 30 días hábiles para notificar a los empleados que cumplen con las condiciones necesarias. Se estima que alrededor de 6.800 de las 10.000 personas afectadas pertenecen a la planta permanente.
La normativa establece que aquellos que se encuentren en condiciones de jubilarse y hayan sido impactados por el proceso de reorganización del Estado serán reubicados hasta que accedan al sistema previsional. El Gobierno argumenta que esta reorganización busca mejorar la eficiencia del aparato estatal, facilitando una gestión más transparente y de calidad.
Además, la resolución otorga a las autoridades con rango de secretario o equivalente la facultad de solicitar una prórroga de hasta seis meses para los empleados cuya continuidad sea esencial por razones de servicio. Sin embargo, esta solicitud deberá estar justificada y contar con la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
Este avance en la reestructuración del Estado incluye la evaluación de idoneidad de aproximadamente 40.000 empleados públicos, tanto de forma transitoria como permanente. La evaluación está programada para diciembre, momento en el que vencen las contrataciones. Los empleados deberán aprobar un examen para ser renovados, cuya calificación será determinada automáticamente.
La máxima autoridad de cada jurisdicción será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y, en caso de ser necesario, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, que deberá emitir su veredicto en un plazo de cinco días. Las nuevas designaciones también requerirán la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y antecedentes laborales.
La evaluación del desempeño será continua y para las promociones, los empleados deberán someterse a nuevas instancias de evaluación. Esta estrategia tiene como objetivo asegurar un alto nivel de competencia y rendimiento en el servicio público.
( Infobae )
La resolución 3/2024 es una normativa del Gobierno nacional que instruye a los empleados públicos de planta permanente a iniciar sus trámites jubilatorios si cumplen con los requisitos establecidos.
Aproximadamente 10.000 empleados públicos están en condiciones de iniciar sus trámites jubilatorios según la normativa.
Tienen un plazo de 30 días hábiles para comunicar a los empleados que cumplen con las condiciones necesarias para jubilarse.
Aquellos empleados en condiciones de jubilarse y afectados por la reestructuración del Estado serán reubicados hasta que accedan al sistema previsional.
Sí, las autoridades con rango de secretario o equivalente pueden solicitar una prórroga de hasta seis meses para aquellos empleados cuya continuidad sea necesaria por razones de servicio.
Se espera que la reestructuración mejore la eficiencia, transparencia y calidad de la gestión pública, así como reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.