La situación es crítica: el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ha extendido la alerta roja por déficit hídrico, incendios forestales y seguridad alimentaria en 19 de las 24 provincias del país, incluyendo Azuay, Pichincha, y Manabí. El Gobierno busca proteger a la población y las infraestructuras ante los efectos de la sequía.
Aunque la Ley de Competitividad Energética, también conocida como «Ley No Más Apagones», fue aprobada en enero pasado, los esfuerzos por aumentar la generación de electricidad no han sido suficientes. Entre las medidas de emergencia se incluye el arrendamiento de una barcaza flotante para generar energía desde Guayas.